PdV S.A. vulnerable a las acusaciones de acuerdo con funcionarios estadounidenses

PdV S. A. vulnerable a la acusación

19 de mayo de 2017, 10.25 p. m. GMT

Caracas, 19 de mayo (Argus) – El gobierno de Estados Unidos sopesa acusaciones federales contra altos funcionarios actuales y anteriores de la estatal venezolana PdV S. A. y la propia empresa petrolera por cargos de corrupción, de acuerdo con un alto funcionario estadounidense.

Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones de crudo de PdV S. A. con gran parte de la producción absorbida por Citgo, filial estadounidense del PdV S. A.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, quien se desempeñó como ministro de energía en 2002-2014 y, simultáneamente, como jefe ejecutivo de PdV S. A. entre 2004 y 2014, es uno de los altos funcionarios venezolanos bajo escrutinio, dijeron los actuales funcionarios de Estados Unidos.

Los abogados “consideran seriamente” acusaciones criminales contra PdV S. A. como corporación, en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley de Organizaciones Corruptas (RICO), expresaron los funcionarios estadounidenses.

Los tribunales federales estadounidenses en Texas y Florida enjuiciaron con éxito a varios ciudadanos venezolanos desde 2015 por delitos relacionados con el soborno, la corrupción y el blanqueo de dinero por un total de $1 000 millones de dólares bajo la FCPA. Al menos algunos de los casos involucran la contratación irregular de PdV S. A.

Hasta ahora, PdV S. A. como una corporación no ha sido vulnerable a posibles acusaciones federales.

Eulogio del Pino insiste en que cualquier  práctica corrupta que implica equipos extranjeros y contratos de servicios con PdV S. A. fueron totalmente la labor de individuos corruptos que dejaron la empresa antes de la exposición de su corrupción.

Tanto la FCPA y RICO otorgan explícitamente a los fiscales federales un amplio margen para buscar acusaciones de conspiración criminal y cargos de extorsión contra PdV S. A. incluida la empresa matriz en Caracas y cualquiera de sus filiales constituidas en los Estados Unidos o en otros países.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya tiene planes para la revisión de una decisión de la empresa estatal de Venezuela PdV S. A. por prometer parte de Citgo como colateral en un préstamo de Rosneft controlada por Rusia. El comité de inversión extranjera del Tesoro comentó que las transacciones podrían plantear riesgos para la seguridad nacional por ceder el control de las empresas estadounidenses a los extranjeros.

Una acusación federal estadounidense a PdV S. A. o cualquiera de sus filiales bajo las leyes FCPA y RICO crearía nuevas dificultades para la compañía, que lucha para mantener su producción de petróleo y el deterioro de la infraestructura aguas abajo.

Los prestamistas potenciales con intereses financieros o empresariales que involucran instituciones de propiedad estadounidense y las corporaciones no haría nuevos préstamos ni firmarían acuerdos con PdV si la empresa es acusada de corrupción empresarial.

“El crédito a Venezuela tanto para el gobierno como PdV S. A. ya se ha secado por completo. Solamente China y Rusia parecían dispuestos a extender al gobierno de Maduro y PdV S. A. más crédito. Pero incluso los chinos y rusos están reticentes a incrementar su exposición a Venezuela debido a las repetidas advertencias de la Asamblea Nacional que ningún trato firmado sin su previa aprobación es legal y, por lo tanto, nulo e inaplicable jurídicamente en la ley venezolana”.

Las sanciones impuestas contra ocho magistrados de la Corte Suprema de Venezuela por anular inconstitucional e ilegalmente la legislatura en marzo y debilitar su autoridad constitucional desde el comienzo de 2015 son solo el principio.

Los proponentes de endurecer las sanciones contra el régimen autoritario estarán “muy felices de ir adelante”. Las sanciones impuestas sobre los magistrados de la Corte Suprema congelan sus activos estadounidenses, les impide viajar a los Estados Unidos o cualquiera de sus territorios y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses y a las empresas de hacer negocios con ellos.

El Ministerio de Energía y PdV S. A. declinaron hacer comentarios al respecto. El Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió a solicitudes de comentarios. La ministra de Relaciones Exteriores condenó las sanciones a los ocho jueces como “escandalosa e inaceptable”.

En una conferencia de prensa con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump llamó a la situación venezolana, una “desgracia”.

El creciente escrutinio estadounidense de PdV S. A. y sus funcionarios coincide con violentos enfrentamientos entre los manifestantes antigubernamentales y las fuerzas de seguridad, respaldadas por las bandas paramilitares. La escasez de alimentos y medicinas son agudas, sembrando una crisis humanitaria que alarma a la región, en particular los países vecinos de Colombia, donde muchos venezolanos han huido.

Alrededor de 50 personas han muerto en los enfrentamientos, desde comienzos de abril. Fuente: Argus

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