Marco internacional ONU

Dada la naturaleza global del sistema financiero internacional y la actividad delictiva transnacional que intenta aprovecharse de ella, los Estados Unidos y otros países han emprendido una serie de iniciativas internacionales destinadas a mejorar las respuestas de la investigación antilavado de dinero y fomentar la coordinación y la cooperación internacional, incluso a través solicitudes oficiales de asistencia jurídica mutua en asuntos de investigación bilateral acerca de la delincuencia financiera.

Además, varias organizaciones internacionales contribuyen a través de los estándares globales; intercambio transfronterizo de información; evaluación y monitoreo; y creación de capacidad con la asistencia técnica.

Algunas entidades, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, proporcionan orientación normativa pertinente. Otros, como el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), contribuyen a la aplicación de tales normas a través del intercambio de información.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco Mundial y el FMI también vigilan y evaluan el estado de las políticas nacionales, así como proporcionan asistencia técnica relacionada con las prioridades de creación de capacidad antilavado de dinero.

Participan otras organizaciones internacionales y regionales, incluida la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el G-20 y la Organización de los Estados Americanos (OEA), para crear grupos de trabajo e iniciativas.

Naciones Unidas

El primer tratado de la ONU para pedir a los Estados partes a tipificar como delito el blanqueo de las ganancias ilícitas del narcotráfico fue en 1988, en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

La Convención del tráfico de drogas de la ONU de 1988 también compromete a los Estados partes a “la más amplia asistencia judicial recíproca” para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos previstos por el Tratado, incluido el blanqueo de dinero relacionado con drogas.

La Convención de la ONU de 2000 contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) amplió el ámbito de prohibición de blanqueo de dinero para cubrir el producto de todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. La UNTOC requiere además que todos los Estados partes apliquen un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, con especial énfasis en los requisitos, afín al Acta de Secreto Bancario, como la identificación de clientes, los registros, y la comunicación de transacciones sospechosas.

También se recomienda la aplicación nacional de medidas para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y otros instrumentos negociables. El tratado alienta también a escala bilateral, regional y la cooperación mundial antilavado de dinero para incluir la capacitación y asistencia técnica, así como la extradición, la asistencia judicial recíproca, la penalización de la corrupción, la incautación y el decomiso de bienes.

La premisa básica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es desarrollar políticas encaminadas a prevenir la corrupción en el sector público y pedir a los Estados partes a tipificar como delito el blanqueo de dinero y aplicar un amplio régimen interno de reglamentación del sistema AML.

La CNUCC va más allá de la UNTOC para exigir que regímenes también abarquen las personas proporcionando formales o informales de transferencia de valores (por ejemplo, servicios, empresas de envío de dinero). La convención del año 2000 también exige a los Estados partes comprobar las identidades de los clientes e incluye los esfuerzos para verificar la identidad de los propietarios beneficiarios de fondos, y prohíbe el establecimiento de bancos de alto riesgo, particularmente aquellas entidades financieras que no tienen presencia física y que no están afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.

Los Estados Unidos han ratificado la Convención sobre el tráfico de drogas de la ONU 1988 (1990), la UNTOC (2005), y la Convención contra la Corrupción (2006). También ha ratificado el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 2002.

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