Proyecto de ley

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15, 15 BIS, 16, 81, Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 16 BIS DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY 7786 DEL 30 DE ABRIL DE 1998

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15, 15 BIS, 16, 81 Y ADICIÓN DEL

ARTÍCULO  16  BIS  DE  LA  LEY  SOBRE  ESTUPEFACIENTES,

SUSTANCIAS   PSICOTRÓPICAS,   DROGAS   DE  USO  NO

AUTORIZADO,  ACTIVIDADES  CONEXAS LEGITIMACIÓN

DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO,

LEY N.° 7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998

 

ARTÍCULO 1.-         Refórmense los artículos 15, 15 bis, 16, 81 y adiciónese el artículo 16 bis a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley N.° 7786, de 30 de abril de 1998, para que se lean de la siguiente manera:

 

Artículo 15.-

 

Estarán sometidos a esta ley, quienes desempeñen las siguientes actividades:

 

a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de dinero y transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares.

 

b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales.

 

c) Transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio.

 

d) Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, que no sean intermediarios financieros.

 

e) Remesas de dinero de un país a otro.

 

f) Operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero.  En el caso de los operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero, además de cumplir con las obligaciones señaladas en esta ley, estarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras y al control monetario del Banco Central, debiendo considerarse para todos los efectos incluidas dentro las entidades a las que se refiere el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

 

g) Otras personas físicas y jurídicas, cuya lista será establecida mediante el reglamento de esta ley y por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante normativa prudencial propuesta por la Superintendencia General de Entidades Financieras, partir de las actividades que se establecen en las recomendaciones de organismos internacionales especializados en materia de prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y los riesgos que se determinen en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Las personas, físicas o jurídicas, que desempeñen las actividades indicadas en los incisos anteriores, y no se encuentren supervisadas por alguna de las superintendencias existentes en el país, deberán cumplir con las obligaciones de identificación y debida diligencia del cliente, mantenimiento de registros, comunicación de transacciones sospechosas y programas de cumplimiento obligatorio, establecidas por la presente ley para las instituciones indicadas en el artículo 14 de esta ley, con el alcance que sea compatible con su respectiva naturaleza, lo cual será establecido por la normativa prudencial emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

Asimismo, deberán inscribirse ante la Sugef, sin que por ello se interprete que están autorizadas para operar; y deberán someterse a la supervisión de esta, respecto de la materia de prevención y lucha contra la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas u organizaciones terroristas, establecidas en esta ley.  La inscripción será otorgada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, previo dictamen afirmativo de esa Superintendencia, cuando se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  Las municipalidades del país no podrán extender nuevas patentes ni renovar las actuales para este tipo de actividades, si no han cumplido el requisito de inscripción indicado y de la misma forma las instituciones indicadas en el artículo 14 de esta ley, no podrán mantener relaciones comerciales cuando se incumpla esta medida considerando el riesgo que les pueda generar por la inobservancia a las disposiciones establecidas.

SUGEF contará con una unidad administrativa especializada, como encargada de la supervisión bajo un enfoque basado en el riesgo respecto de la materia de prevención y lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo sobre las personas físicas y jurídicas que desempeñen dichas actividades.  El Banco Central de Costa Rica, en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley, adoptará todas las medidas administrativas y presupuestarias que sean necesarias para preparar la entrada en funciones de dicha unidad administrativa, garantizándole un adecuado contenido tecnológico, y los recursos humanos y financieros que sean necesarios para su funcionamiento.

SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE, según corresponda, deberán velar por que no operen en el territorio costarricense personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operación que, de manera habitual y por cualquier título, realicen sin autorización actividades como las indicadas en este artículo.

Cuando, a juicio del superintendente, existan motivos para que una persona física o jurídica realice alguna de las actividades mencionadas en este artículo, la Superintendencia tendrá, respecto de los presuntos infractores, las mismas facultades de inspección que le corresponden según esta ley, respecto de las instituciones sometidas a lo dispuesto en este título, en lo referente a legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Artículo 15 bis.-

Las personas físicas y jurídicas que desarrollen las siguientes actividades, deberán inscribirse ante el Ministerio de Hacienda, sin que por ello se interprete que están autorizadas para operar; y deberán someterse a la supervisión de este, respecto de la materia de prevención y lucha contra la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas u organizaciones terroristas, establecidas en esta ley.

El Instituto Costarricense sobre Drogas, en un plazo máximo de un año, proveerá de las herramientas tecnológicas necesarias a fin de cumplir con las medidas de inscripción y reportes necesarios, previamente definidos por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD y el Ministerio de Hacienda, para el efectivo cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley.

Dichas actividades son, entre otras, las siguientes:

a) Los casinos físicos sujetos a la Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas a Apuestas Electrónicas, Ley     N.° 9050, de 9 de julio de 2012, regulados y fiscalizados por el Ministerio de Seguridad Pública.

 

b) Las personas físicas o jurídicas, sean estas intermediarias, propietarias o constructoras, siempre y  cuando se dediquen en forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles.

c) Organizaciones sin fines de lucro.

d) Cualquier otra actividad que establezcan el Ministerio de Hacienda o la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas por resolución fundada.

Las personas, físicas o jurídicas, que desempeñen las actividades indicadas en los incisos anteriores, deberán cumplir con las obligaciones de identificación y debida diligencia del cliente, mantenimiento de registros, comunicación de transacciones sospechosas y programas de cumplimiento obligatorio, establecidas por la presente ley para las instituciones y actividades financieras, con el alcance que sea compatible con su respectiva naturaleza, lo cual será establecido por la reglamentación que emita el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio de Seguridad Pública.

El Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Hacienda, contarán con las respectivas unidades administrativas especializadas, como encargada de la supervisión bajo un enfoque basado en el riesgo respecto de rectoría en esta materia la materia y con respecto a la prevención y lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD será dotada de recursos para cumplir afectivamente con sus fines, sobre las personas físicas y jurídicas que desempeñen dichas actividades.  El Ministerio de Hacienda, en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley, adoptará todas las medidas administrativas y presupuestarias que sean necesarias para preparar la entrada en funciones de dichas unidades administrativas especializadas, garantizándole un adecuado contenido tecnológico, y los recursos humanos y financieros que sean necesarios para su funcionamiento.

Artículo 16.-

Con el objeto de prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales o financiar actividades u organizaciones terroristas, las instituciones sometidas a lo regulado en este capítulo deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:

a) […]

b) […]

c) Registrar y verificar, por medios fehacientes, la identidad, la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social de la persona, la fuente u origen de los recursos que justifican las transacciones a realizarse; así como otros datos de su identidad, ya sean clientes ocasionales o habituales. Esta información debe constar en un formulario, el cual debe estar firmado por el cliente.  No será necesaria la firma del formulario cuando se establezcan mediante reglamento a esta ley o normativa prudencial emitida por Conassif, mecanismos sustitutivos en aras de propiciar productos de bajo riesgo destinados a fomentar la inclusión financiera.

En el caso de personas jurídicas catalogadas de riesgo, según los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Supervisión, las entidades financieras deben requerir certificación notarial relativa a la representación judicial y extrajudicial de la sociedad.  Esta verificación se efectuará, especialmente, cuando establezcan relaciones comerciales, en particular la apertura de nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de depósito, la existencia de transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia él, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00) o su equivalente en otras monedas.

d) […]

e) […]

Artículo 16 bis.-

La Superintendencia General de Entidades Financieras podrá informar a las entidades fiscalizadas por cualquiera de las superintendencias, sobre la documentación de los clientes de las entidades en materia de Política conozca a su cliente, de acuerdo con las reglas que se establecen en los incisos siguientes:

a) Cuando una entidad financiera, en la evaluación de solicitud de apertura de cualquier producto o servicio, estime necesario conocer sobre la documentación y datos del solicitante en materia de Política conozca a su cliente, podrá solicitarle a este su autorización escrita para que la entidad consulte en la Superintendencia sobre sus datos.

b) La entidad supervisada enviará a la Superintendencia la autorización del solicitante, y será responsable por el adecuado uso de la información recibida.

c) Si el cliente así lo desea, la entidad supervisada le entregará copia de la información recibida, a efecto de que pueda revisar la veracidad de los datos.  Cuando el solicitante estime que los datos no reflejan su situación real en materia de documentos de la Política conozca su cliente, podrá dirigirse a la entidad supervisada en la que pretende aperturar el producto o servicio o ante la Superintendencia, a efecto de que se aclare la situación.

d) Queda prohibido a los funcionarios, empleados y administradores de las entidades fiscalizadas y de la Superintendencia, suministrar a terceros cualquier dato de la información a que se refiere este artículo.  Se exceptúa de la prohibición anterior la información que requiera la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, en ejercicio de sus potestades para combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.  Quien violare la prohibición anterior o los funcionarios, empleados y administradores que dolosamente alteren, registren o brinden información falsa o que no conste en los registros o certificaciones de la plataforma administrada por la Superintendencia General de Entidades Financieras, serán sancionados con una pena de prisión de tres a seis años, sin perjuicio de la responsabilidad penal establecida anteriormente.  El funcionario, empleado o administrador que infrinja lo señalado en este artículo será destituido de su cargo, sin responsabilidad patronal.

e) La Superintendencia deberá establecer las medidas internas que estimen necesarias para salvaguardar la confidencialidad de la información a que se refiere este artículo.

f) La información que otorgue la plataforma administrada por la Superintendencia General de Entidades Financieras sobre los datos del solicitante en materia de Política conozca su cliente, no implica calificación alguna el nivel de riesgo de los clientes, lo cual deberá establecer cada entidad fiscalizada en sus políticas y procedimientos.

El Banco Central de Costa Rica, en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley, adoptará todas las medidas administrativas y presupuestarias que sean necesarias para preparar la entrada en funciones de la plataforma requerida para implementar lo ordenado en este artículo, garantizándole un adecuado contenido tecnológico, y los recursos humanos y financieros que sean necesarios para su funcionamiento.

Se autoriza a la Superintendencia General de Entidades Financieras para que establezca un cobro razonable a cargo de las entidades fiscalizadas consultantes, por los servicios de la plataforma requerida a los efectos de implementar lo ordenado en este artículo, en aras de garantizar un funcionamiento adecuado y sostenible de la misma.”

 “Artículo 81.-

Las entidades sujetas a las obligaciones en esta ley señaladas en el artículo 14, serán sancionadas por el órgano de supervisión y fiscalización competente, tomando en consideración la gravedad de la falta, la magnitud del daño y la reincidencia, de la siguiente manera:

a) Con multa del cero coma cinco por ciento (0,5%) al tres por ciento (3%) de su patrimonio, entendido este como la parte residual de los activos, una vez deducidos todos sus pasivos, en los siguientes casos:

1.-        Cuando no registren, en el plazo en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización competente, el ingreso o egreso de transacciones, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia él, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00).

2.-        Cuando se trate de las transacciones múltiples referidas en el artículo 23 de esta ley, no efectúen el registro en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización competente.

3.-        Cuando se incumplan los plazos fijados por el órgano de supervisión y fiscalización correspondiente, para la presentación del formulario referido en el subinciso 1) anterior.

4.-        Cuando incumplan las disposiciones de identificación de los clientes, debida diligencia de los clientes, fuente u origen de los recursos y mantenimiento de registros en los términos dispuestos en el artículo 16 de la presente ley, y lo previsto por la normativa prudencial aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

5.-        Cuando no hayan implementado los procedimientos para la detección, el control y la comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales, en los términos de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la presente ley; o se nieguen a entregar, a los órganos autorizados por ley, la información y documentación necesarias sobre operaciones sospechosas, o bien, cuando pongan dicha información a disposición de personas no autorizadas, en contravención de lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley.

6.-        Cuando no adopten, desarrollen o lo hagan de forma deficitaria, programas, normas, procedimientos ni controles internos para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, y cuando no nombren a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos.

7.-        Cuando no entreguen al órgano de supervisión y fiscalización competente, la información que les sea requerida, en la forma y plazos determinados por estos.

Las personas físicas y jurídicas señaladas en el artículo 15 de esta ley, serán sancionadas por el órgano de supervisión y fiscalización competente, tomando en consideración la gravedad de la falta, la magnitud del daño y la reincidencia, de la siguiente manera:

a) Con multa de un mínimo de diez veces el monto del menor salario mínimo y hasta por seiscientas ochenta veces el monto del menor salario mínimo, en los siguientes casos:

1.-        Cuando no registren, en el plazo en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización competente, el ingreso o egreso de transacciones, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia él, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00).

2.-        Cuando se trate de las transacciones múltiples referidas en el artículo 23 de esta ley, no efectúen el registro en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización competente.

3.-        Cuando se incumplan los plazos fijados por el órgano de supervisión y fiscalización correspondiente, para la presentación del formulario referido en el subinciso 1) anterior.

4.-        Cuando incumplan las disposiciones de identificación de los clientes, debida diligencia de los clientes y mantenimiento de registros en los términos dispuestos en el artículo 16 de la presente ley, y lo previsto por la normativa prudencial aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

5.-        Cuando no hayan implementado los procedimientos para la detección, el control y la comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales, en los términos de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la presente ley; o se nieguen a entregar, a los órganos autorizados por ley, la información y documentación necesarias sobre operaciones sospechosas, o bien, cuando pongan dicha información a disposición de personas no autorizadas, en contravención de lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley.

6.-        Cuando las personas físicas o jurídicas señaladas en el artículo 15 de esta ley, se nieguen a inscribirse ante la Sugef.

7.-        Cuando no adopten, desarrollen o lo hagan de forma deficitaria, programas, normas, procedimientos ni controles internos para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, y cuando no nombren a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos.

8.-        Cuando no entreguen al órgano de supervisión y fiscalización competente, la información que les sea requerida, en la forma y plazos determinados por estos.

Las personas físicas y jurídicas señaladas en el artículo 15 bis de esta ley, serán sancionadas por el Ministerio de Hacienda, tomando en consideración la gravedad de la falta, la magnitud del daño y la reincidencia, de la siguiente manera:

a) Con multa de un mínimo de diez veces el monto del menor salario mínimo y hasta por seiscientas ochenta veces el monto del menor salario mínimo, en los siguientes casos:

1.-        Cuando no registren, en el formulario diseñado por el Ministerio de Hacienda y la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, el ingreso o egreso de transacciones, incluidas transferencias desde el exterior o hacia él, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00).

2.-        Cuando se trate de las transacciones múltiples referidas en el artículo 23 de esta ley, no efectúen el registro en el formulario diseñado por el Ministerio de Hacienda o la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas.

3.-        Cuando incumplan las disposiciones de identificación de los clientes, debida diligencia de los clientes, fuente u origen de los recursos y mantenimiento de registros en los términos dispuestos en el artículo 16 de la presente ley, y en los términos establecidos en la normativa que emita el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas.

4.-        Cuando se nieguen a entregar, a la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, la información y documentación necesarias sobre operaciones inusuales o sospechosas.

5.-        Cuando no hayan implementado los procedimientos para la detección, el control y la comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales, en los términos de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la presente ley; o se nieguen a entregar, a los órganos autorizados por ley, la información y documentación necesarias sobre operaciones sospechosas, o bien, cuando pongan dicha información a disposición de personas no autorizadas, en contravención de lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley.

6.-        Cuando las personas físicas o jurídicas señaladas en el artículo 15 de esta ley, se nieguen a inscribirse ante el Ministerio de Hacienda.

7.-        Cuando no adopten, desarrollen o lo hagan de forma deficitaria, programas, normas, procedimientos ni controles internos para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, y cuando no nombren a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos.

8.-        Cuando no entreguen al Ministerio de Hacienda, la información que les sea requerida, en la forma y plazos determinados por este.

Los montos de las multas referidas en el presente artículo, deberán ser cancelados dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su firmeza.  Si la multa no es cancelada dentro del plazo establecido, tendrá un recargo por mora del tres por ciento (3%) mensual sobre el monto original, el cual deberá ser advertido por el órgano supervisor correspondiente.

Los dineros provenientes de la imposición de las multas descritas en el presente artículo, serán depositados en una cuenta especial a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas, el cual destinará dichos dineros al desarrollo de sus políticas, estrategias y a la ejecución de los programas preventivos que lleven a cabo los órganos de supervisión y fiscalización correspondientes, así como la UIF.

Los órganos de supervisión y fiscalización establecidos en el artículo 14 de esta ley, así como el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense de Drogas mantendrán un listado actualizado de las sanciones firmes aplicadas a las personas físicas y jurídicas por las faltas señaladas en este artículo, listado que será de interés público autorizándose su publicación por los medios y en la forma que aquellos estimen pertinente.”

Rige a partir de su publicación.

Luis Guillermo Solís Rivera

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Sergio Alfaro Salas

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

12 de mayo de 2016

NOTA: Este proyecto no tiene comisión asignada.

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